El alto tribunal, a través de su Sección Segunda, aceptó estudiar la acción judicial interpuesta por Germán Eduardo Castro Marín contra el artículo 1 del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, expedido de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda.
Dicho artículo estableció el salario mínimo legal mensual vigente a partir del 1 de enero de 2026 en 1.750.905 pesos, cifra que representa un incremento histórico del 23 %. Según el Gobierno, este aumento respondió a criterios técnicos orientados a cerrar la brecha entre el salario mínimo y el denominado salario vital, ajustado a precios del año anterior.
Tras analizar el escrito de la demanda, el Consejo de Estado concluyó que cumple con los requisitos legales para ser admitida, tanto en lo relacionado con los argumentos que cuestionan la legalidad del decreto como en la solicitud de su eventual nulidad. El proceso quedó en manos del magistrado Juan Camilo Morales, quien será el encargado de estudiar el fondo del caso.
En la demanda se argumenta que el decreto habría vulnerado principios constitucionales y administrativos como la legalidad, la razonabilidad, la proporcionalidad y la debida motivación de los actos administrativos. Asimismo, se señala que no existiría una justificación técnica suficiente que respalde el incremento del 23 %, ni evidencia de un acuerdo claro entre las partes que tradicionalmente participan en la concertación del salario mínimo.
Con la admisión de la demanda, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberán ser notificados para que intervengan dentro del proceso.
Cabe recordar que, sumado el auxilio de transporte, el salario mínimo para 2026 alcanza los 2.000.000 de pesos, cifra que ha sido cuestionada por algunos sectores empresariales, que advierten posibles impactos en la inflación, el empleo y los costos operativos.
Ahora corresponderá al magistrado ponente determinar si procede o no una suspensión provisional del decreto mientras se adopta una decisión de fondo, en un proceso que mantiene en vilo la aplicación del aumento del salario mínimo en Colombia.
