De acuerdo con estimaciones del sector licorero, las nuevas medidas tributarias podrían generar alzas superiores al 40 % en estas bebidas de alto consumo.
El decreto eleva el IVA de los licores del 5 % al 19 %, incremento que, según los mandatarios regionales, no se traducirá en mayores ingresos para los departamentos, ya que los recursos adicionales irán a las arcas de la Nación. Esta situación ha llevado a varios gobernadores a reiterar su intención de no aplicar la norma mientras se define su constitucionalidad.
A esto se suma el aumento del impuesto al consumo, que contempla un alza del 119 % en el componente específico, pasando de $342 a $750 por grado alcoholimétrico en presentación de 750 centímetros cúbicos, así como un incremento del componente ad valorem, que sube del 25 % al 30 % sobre el precio de venta al público determinado por el DANE.
¿Cuánto subirán los precios?
Según cálculos de la Industria de Licores de Caldas (ILC), una botella de aguardiente Amarillo de 750 mililitros pasaría de $49.705 en 2025 a $71.112 en 2026, lo que representa un aumento de $21.407, equivalente al 43 %.
En el caso del Ron Viejo de Caldas tradicional, el precio subiría de $54.545 a $84.604, es decir $30.059 más, un incremento cercano al 55 %.
Alzas similares se proyectan para los productos de licoreras departamentales como la del Valle del Cauca, lo que ha encendido las alarmas en las regiones.
Impacto fiscal y riesgo de mercado ilegal
María Victoria Machado, directora de Hacienda del Valle del Cauca, advirtió que el aumento de impuestos podría reducir la demanda legal, incentivar el consumo de licores ilegales y adulterados y afectar las proyecciones de recaudo departamental. “Son medidas desproporcionadas y el decreto ni siquiera explica cómo se girarán esos recursos adicionales a la Nación”, señaló.
Las licoreras y los gobernadores alertan que el sector representa cerca del 1,5 % del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos en toda la cadena productiva. Además, citan estimaciones de Euromonitor según las cuales el 24 % del licor consumido en Colombia es ilegal, porcentaje que podría aumentar de manera significativa ante el encarecimiento de los productos legales.
En este contexto, el pulso entre las regiones y el Gobierno del presidente Gustavo Petro se mantiene abierto, mientras se anuncian acciones jurídicas y se evalúa el impacto real que el decreto de Emergencia Económica tendría sobre el bolsillo de los consumidores y la sostenibilidad del sector licorero en el país.
