El equipo dependerá directamente del despacho presidencial y buscará articular capacidades de entidades como la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, UIAF y Dian, además de Policía Judicial, inteligencia y cooperación internacional. El objetivo será identificar posibles estructuras de corrupción, rastrear recursos públicos y aportar elementos para las investigaciones judiciales.
La estrategia contempla además acciones relacionadas con el rastreo de flujos financieros y procesos de extinción de dominio cuando corresponda. El Gobierno ha señalado que la revisión de posibles irregularidades no estará limitada a un solo periodo administrativo.
La designación de Lombana se produce tras su salida de la Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñó como magistrada de la Sala Especial de Instrucción. Su llegada hace parte de la estrategia anticorrupción que el Ejecutivo comenzó a implementar desde agosto, cuando también anunció auditorías forenses en las entidades estatales para revisar posibles irregularidades en la gestión recibida del Gobierno anterior.
