El Tribunal Contencioso del Valle del Cauca profirió un fallo en segunda instancia favoreciendo las pretensiones de la Cooperativa de Transportadores La Andina Cootransan y ordenando la nulidad del Decreto Nro. 0007 del 09 de febrero de 2017, que restringía el tránsito de las busetas de la empresa por el casco urbano de la localidad.
Alegó en su momento el gobierno de la población que el tránsito de los vehículos de la citada empresa estaba causando perjuicios a los habitantes de diferentes barrios, quienes de manera reiterada reclamaban al gobierno municipal tomar cartas en el asunto.
La defensa jurídica de la alcaldía al responder a la demanda, precisó que el alcalde municipal al expedir el Decreto 007 del 09 de febrero de 2017, actuó ampliamente facultado por la normatividad constitucional y legal, que lo reviste como primera autoridad del municipio, en asignar y definir un corredor vial, para las empresas prestadores del servicio público de transporte intermunicipal.
Por su parte, el demandante consideró que con ese acto administrativo se violaron normas legales y constitucionales, toda vez que desconoce los derechos a la igualdad, al trabajo, a la libre locomoción y a la libre competencia de la empresa demandante. Ello, por cuanto no se le autorizó el ingreso al corredor vial urbano del municipio, colocándola en desventaja e inferioridad frente a las demás empresas.
La decisión
No obstante a la argumentación formulada por el municipio, el Alto Tribunal dejó en firme el fallo que en tal sentido había emitido el Juzgado Administrativo de Cartago ordenando la derogación de la mencionada norma de orden municipal.
No hubo indemnización
Tanto la primera como segunda instancia no acogieron las pretensiones de los demandantes negando el pago de una millonaria indemnización que alcanzaría los 3.000 millones de pesos en compensación por el lucro cesante después de siete años de litigio.
Será acatado
Al pronunciarse al respecto, el alcalde Marco Aurelio Cardona Ortiz manifestó que acata plenamente la decisión judicial a pesar de que la problemática que dio origen al decreto sigue latente.
“Vamos a revisar las acciones a seguir para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio por donde hacen tránsito las busetas, pues nos preocupa de manera especial los niños y usuarios del hospital» manifestó el mandatario a través de un video publicado en sus redes.
Por su parte, Yulián Correa, gerente de la empresa demandante, destacó la decisión del Tribunal catalogándolo como un acto de justicia y que va a beneficiar a los victorianos que habían sido privados del servicio obligándolos a buscar transporte en las afueras del municipio con el riesgo que ello representa.
