En medio de las más agudas contradicciones entre el país político y nacional por la reforma tributaria que el gobierno presentó ante el Congreso de la República, crece la incertidumbre entre el pueblo colombiano, inmerso en la inseguridad, la violencia y la pandemia del covid-19 cuyo pico no se detiene y amenaza con colapsar el sistema de salud gravemente, lo que llevaría al gobierno a tomar decisiones más drásticas para evitarlo.
Después de un día aciago, tensionante y con nuevos brotes de vandalismo y terrorismo, el gobierno por su parte, se niega a retirar el proyecto cuestionado y asegura que está dispuesto a cambiar los puntos que sean necesarios mediante un diálogo abierto y sincero con las bancadas del Congreso y escuchando el clamor de las organizaciones sociales que reclaman su retiro total.
Insiste el Presidente Duque en que la reforma es necesaria y urgente, especialmente para no poner en peligro la confianza financiera internacional que, hasta el momento, se tiene y cuando es más urgente acudir a la banca mundial para aliviar el costo de la pandemia y subsanar las consecuencias económicas que se padecen y amenazan con proseguir durante los próximos años de no aprobarse el proyecto que ahora se debate en las comisiones del Congreso.
Decimos que es una contradicción entre el sentimiento nacional, los partidos políticos y las asociaciones gremiales, pues desde el mismo partido de gobierno, se sostiene de su inconveniencia, como también de otros sectores que se oponen rotundamente, hasta cuando se presente un nuevo texto de la propuesta tributaria, lo cual parece un debate hasta nunca acabar, ya que aún persisten las tendencias radicales que exigen el retiro definitivo.
La salida a este túnel, no es otro que el consenso nacional, empezando por los congresistas para que se amarren también los cinturones, ya que no vemos por ninguna parte algún artículo que los afecte en sus bolsillos, sino que toda la batería se enfila hacia la clase media emergente y por supuesto a los más pobres de la sociedad colombiana, lo que invita a reflexionar profundamente sobre los cambios que de verdad necesita el país y no continuar con pañitos de agua tibia que se convierten en alivios pasajeros sin llegar a sanar las heridas profundas del pueblo por injusticias pasadas y presentes del sistema que nos rige y gobierna.
No podemos dejar pasar por alto, el repudio y la condena a los actos violentos y vandálicos que deja la marcha del miércoles pasado, es inaudito que quemen los buses de transporte urbano, precisamente en donde se deben trasladar la inmensa mayoría de trabajadores, como también es condenable, el asalto a las sedes bancarias y quema de vehículos automotores particulares e igualmente el asalto a las dependencias oficiales. Todo lo anterior indica claramente, que detrás de estas manifestaciones que son aceptadas constitucionalmente, existe oscuros movimientos que quieren sembrar el miedo y la desesperanza en el territorio patrio. En la región algunos manifestantes ocuparon la doble calzada con altura de Buga, Guacarí y el corregimiento de La Paila ; Zarzal, acciones que también deben ser rechazadas.
Al mismo tiempo, es bueno felicitar a los manifestantes de las ciudades intermedias como Tuluá, y de los municipios pequeños, en donde marcharon en forma pacífica, como debe ser, de tal manera que la ciudadanía no se vio afectada ni atemorizada en ningún momento, por hechos vandálicos o terroristas y todo transcurrió en paz y espíritu de solidaridad.
