Durante el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro aseguró que, si la Corte Constitucional no levanta la suspensión del decreto actualmente en revisión, el Ejecutivo expedirá una nueva medida para garantizar recursos inmediatos.
El mandatario advirtió que, sin ese instrumento excepcional, el Estado tendría que recortar cerca de 13 billones de pesos del presupuesto, lo que afectaría transferencias y capacidad de respuesta en los territorios. Según el Ministerio de Hacienda, el plan contempla la adopción de medidas que permitan recaudar alrededor de 8 billones de pesos, destinados principalmente a mitigar el impacto de las lluvias, con especial atención en departamentos como Córdoba, uno de los más golpeados por inundaciones.
La administración sostiene que la caída de la Ley de Financiamiento en el Congreso profundizó la presión fiscal y redujo el margen de maniobra para enfrentar contingencias como la actual emergencia climática. Bajo ese argumento, considera indispensable acudir nuevamente a la figura constitucional que permite expedir decretos con fuerza de ley para movilizar recursos de forma ágil.
De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, un eventual nuevo decreto podría abarcar 22 departamentos afectados por la temporada invernal. En el Ejecutivo reconocen que el panorama jurídico es incierto, pero insisten en que la prioridad es asegurar financiación suficiente para responder a una coyuntura que califican como extraordinaria.
