El Ministerio de Defensa Nacional dio a conocer los avances de la desmovilización y reincorporación de integrantes de estructuras criminales urbanas y rurales.
Según ese informe, en lo que va corrido del gobierno del presidente Petro, 450 personas se han desmovilizado, a lo que se suman 891 desvinculados y más de 1.800 sometidos a la ley en los últimos tres años.
En ese orden de ideas, el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado adscrito al Ministerio de Defensa, hace acompañamiento a quienes decidan abandonar los grupos armados ilegales y acogerse a los beneficios establecidos por el Gobierno Nacional, como parte de una política integral de paz y reintegración.
«Este impulso se consolida con la Directiva Permanente 18 de 2025, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, que actualiza los incentivos económicos y prioriza un enfoque humano desde el primer momento», indicó Pedro Sánchez, titular de la cartera.
Los incentivos
De acuerdo con lo precisado por la directriz presidencial, las bonificaciones varían según el rol y la colaboración del desmovilizado, e incluyen pagos por entrega de menores, presentación de integrantes, entrega de material de guerra y suministro de información útil. Los montos oscilan entre 2,5 salarios mínimos legales mensuales por la desvinculación de un menor, hasta 280 por la presentación de un cabecilla principal, además de recompensas por hallazgos como laboratorios, campos minados o dinero ilegal.
De la misma manera establece la creación de los ‘Hogares de Paz’, espacios de acogida temporal donde, durante 90 días, los desmovilizados y sus familias reciben asistencia, alimentación y apoyo psicosocial, mientras se recopila información y se planifica su reintegración.
En este proceso participa la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que garantiza atención integral, acceso a educación formal, formación laboral y capital semilla para proyectos productivos, en coordinación con autoridades locales y la Fuerza Pública.
Tuluá en la mira
En el caso del Valle del Cauca, la estrategia se viene aplicando en el Puerto de Buenaventura con las estructuras de los Shotas y Espartanos, donde se ha mantenido una tregua con algunas interrupciones.
Aunque no es oficial, el gobierno nacional analiza el tema de Tuluá, luego que a través de piezas de videos se planteara la inclusión de los jóvenes y menores de edad que hacen parte de la estructura de La Inmaculada.
Indica el informe que la política de sometimiento muestra avances sostenidos: el 93 % de los beneficiarios supera sus afectaciones emocionales y el 82 % vence el analfabetismo. “Si no transformamos el territorio, no va a poder haber seguridad”, reiteró el ministro Sánchez.
