No se puede negar que las recientes protestas que sacudieron al país han impactado la sociedad desde diferentes perspectivas. Así, se puede decir que en lo político es probable que se generen alianzas impensadas de cara a las elecciones del 2022; de igual modo, podría cambiar la intención de voto. En todo caso, el tiempo signará el decurso de estos eventos. De otro lado, vale recordar que inmersa en toda la protesta, se encontraba la preocupación por alivianar los padecimientos de las clases menos favorecidas, la misma que también hizo manifiesta el Ministro de Hacienda, cuando en los medios televisivos señaló que la reforma tributaria no “tocaría” a dichas clases. Por supuesto, estas declaraciones y las marchas pacíficas son loables y siempre se han de tener como referentes para procurar una sociedad más equitativa y justa. No obstante lo anterior, la realidad, por lo menos hasta ahora, choca de manera categórica con las referidas declaraciones y con las justas aspiraciones de la clase trabajadora. Esto se puede evidenciar con el alza de los precios de varios productos de consumo frecuente, como los huevos, el pollo, el azúcar, el aceite, entre otros. Ni qué decir del sector agrario, pues los fertilizantes también han sido objeto de incrementos considerables en sus precios, afirmaciones que se desprenden de sondeos efectuados en algunos municipios del suroccidente colombiano. Los ejemplos suministrados se podrían extender, pero los anotados bastan para efectos de ilustración. Los comerciantes podrían alegar que este incremento se debe a las pérdidas generadas por el paro, pero ¿debe el ciudadano común y corriente asumir esta carga financiera? Si antes del paro la situación económica de los más vulnerables era asfixiante, ¿qué se podría decir ahora con estas alzas, algunas descomunales? Cabe recordar que el sueldo sube una vez cada año; por ello, no es justo que en un mismo año, se tenga que afrontar varios aumentos del costo de los productos, algunos de ellos de consumo básico. Conviene entonces a las autoridades competentes frenar estos “abusos”, porque de lo contrario se diría que resultó “peor el remedio que la enfermedad” y los trabajadores seguiríamos soportando el azote de estas anomalías, situación que no se justifica desde ningún punto de vista.
