Según el informe de inspección realizado el 9 de abril, la entidad identificó la presencia de emanaciones de gases, entre ellos metano, en zonas mineras abandonadas, con potencial de generar acumulaciones peligrosas. Ante este panorama, se recomendó la hermetización de estos espacios para evitar posibles incidentes.
El documento también contemplaba otras medidas preventivas, como la instalación de barreras de inertización en puntos críticos, mantenimiento de sistemas de seguridad y la actualización de extintores vencidos.
Aunque estas acciones no eran de obligatorio cumplimiento inmediato, la ANM otorgó un plazo de 30 días para su implementación. Tras la explosión ocurrida el 4 de mayo, las autoridades ahora analizan si existió relación entre estas advertencias y el siniestro que cobró la vida de nueve trabajadores.
El caso sigue bajo investigación, mientras se busca establecer si la acumulación de gases fue la causa del estallido y si las recomendaciones emitidas habrían podido evitar la tragedia.
