De acuerdo con lo indicado, el plan es fruto de un proceso de construcción iniciado hace dos años, que incluyó más de cien reuniones de trabajo articulado y coordinado con todas las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal, las cuales incluyen a la Rama Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República, y el Gobierno Nacional.
El conjunto de normas incluye acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa, la resocialización, entre otros aspectos de interés.
DATO: Siete ejes fundamentales hacen parte de la estrategia puesta en marcha desde el Gobierno Nacional
De manera adicional contiene todos los lineamientos, acciones, productos y actividades contenidos que atienden e integran enfoques transversales, partiendo de la base de que la sanción penal debe ser la última de las alternativas del Estado para el tratamiento de las conductas criminales.
Se indicó desde el Ministerio de Justicia que para lograr un resultado efectivo, se establecieron siete prioridades y cada una de ellas con objetivos y estrategias muy puntuales.
Las prioridades definidas son: la prevención del delito y reducción del homicidio, la prevención de violencias basadas en género, la disrupción del crimen organizado, la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales, la humanización del sistema carcelario y la modernización de la acción estatal para combatir el crimen.
