La propuesta sostiene que el municipio debe actualizar la infraestructura luminaria para cumplir con la Resolución Retilap 40150 de 2024. Sin embargo, el aspecto que más inquieta es el largo plazo del compromiso económico: los recursos del impuesto de alumbrado público quedarían comprometidos hasta 2041, sin que exista un nuevo proceso licitatorio que permita competencia entre posibles oferentes.
El proyecto llega al Concejo en un momento especialmente sensible, pues el país entra en la antesala de las campañas al Congreso de la República, donde este tipo de decisiones de largo plazo suelen generar suspicacias. Sectores políticos y sociales advierten que una aprobación apresurada podría interpretarse como una “hipoteca financiera” que limitaría a futuras administraciones y concentraría poder contractual en un solo operador por más de una década.
Críticos del proyecto, entre ellos los concejales Denny Mejía, Antonio Gálviz y Mario Mejía señalan además que no se presentaron comparativos de costos frente a una eventual licitación abierta, ni un análisis independiente que demuestre que extender el contrato actual es la alternativa más eficiente. Igualmente cuestionan que, bajo el argumento de una modernización tecnológica necesaria, se esté incorporando una fórmula contractual que amarra vigencias durante 16 años sin un debate ciudadano profundo.
La administración municipal defiende la iniciativa, argumentando que la migración a LED es obligatoria y que los pagos proyectados se financian con recursos propios del impuesto de alumbrado público, sin afectar otras áreas del presupuesto municipal. No obstante, la oposición insiste en que el problema no es la tecnología, sino el alcance económico y jurídico del compromiso, que se extiende más allá del periodo de varios gobiernos locales.
El Concejo Municipal deberá decidir si aprueba o archiva la iniciativa. Por ahora, el ambiente está cargado: entre acusaciones veladas, críticas de supuesta improvisación y llamados a la cautela.
