De acuerdo con la gobernadora Dilian Francisca Toro, las deudas de las EPS tienen en una situación crítica a las principales instituciones de la región. Centros como la Fundación Valle del Lili adeudan cerca de un billón de pesos, mientras que el Hospital Universitario del Valle supera los 750 mil millones. A esto se suman clínicas como Clínica Imbanaco y la Clínica de Occidente, también afectadas por la cartera vencida.
La falta de flujo de recursos ha generado escasez de insumos, medicamentos y retrasos en el pago a trabajadores, que en algunos casos llega hasta los 120 días. Esta situación ha provocado la salida de médicos, incluidos especialistas, y ha obligado a varias clínicas privadas a cerrar servicios, trasladando la carga a la red pública.
La secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, advirtió que la crisis impacta directamente la atención a los pacientes, debido a la reducción del talento humano y el aumento en la demanda de servicios hospitalarios.
Ante este panorama, las autoridades convocaron una reunión con interventores y gerentes de las instituciones de salud para definir medidas urgentes que permitan sostener la operación del sistema y garantizar la atención a la población.
La situación sigue en desarrollo y genera creciente preocupación en el sector salud del suroccidente del país.
