El pasado jueves, a través de un comunicado de prensa, la Agencia de Desarrollo Rural (SADR) anunció la puesta en marcha de un plan de alianzas productivas con pueblos indígenas en todo el territorio nacional, proyecto que busca consolidar la autonomía alimentaria, promover modelos de producción sostenible y reconocer los saberes ancestrales como componentes esenciales del desarrollo rural.
De acuerdo con la información entregada desde agosto de 2022, la ADR ha invertido 161 mil millones de pesos para apoyar 46 proyectos productivos que benefician a 9.523 miembros de comunidades indígenas en 17 departamentos, especialmente en regiones como Cauca, Valle, Nariño, Chocó y Cesar.
Los territorios involucrados suman 6.000 hectáreas dedicadas a la producción de alimentos, actividad clave para la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de economías comunitarias.
«El modelo de cooperación incluye una contraparte económica de las comunidades indígenas, que suman 50 mil millones de pesos para respaldar los proyectos, evidenciando un compromiso compartido entre el Estado y los pueblos originarios.
Estas alianzas productivas buscan insertarse en la Reforma Rural Integral y en el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, cumpliendo mandatos de consulta previa, libre e informada y promoviendo la participación activa de las comunidades en los procesos de desarrollo territorial» indicó la ministra de Agricultura, Martha Viviana Carvajalino Villegas.
Por su parte los líderes indígenas han resaltado los efectos transformadores de estas iniciativas. El capitán Miguel Torres, del Cabildo Mata de Caña del pueblo Zenú, afirmó que: “cuando comenzamos a producir nuestro propio alimento, la comunidad entra en un estado de bienestar porque accede a productos que antes no podía comprar”. En la región Pacífico, por ejemplo, la instalación de un molino de arroz ha permitido procesar la producción, lo que fortalece la autosuficiencia.
Las alianzas productivas no solo implican inversión financiera, sino reconocimiento político y cultural. Al incorporar los saberes ancestrales, fortalecer las estructuras comunitarias y asegurar la participación activa de los pueblos indígenas, el Gobierno Nacional plantea un modelo transformador de desarrollo rural inclusivo, con metas de equidad, dignidad y sostenibilidad.
