La Sala de Primera Instancia determinó que el congresista participó en el direccionamiento de contratos de obras públicas por cerca de 90 mil millones de pesos en varios departamentos del país, dentro del caso conocido como “Marionetas”.
El alto tribunal lo declaró culpable por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. La sentencia establece una pena de 279 meses y ocho días de prisión, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por más de 23 años y una multa superior a 22.340 millones de pesos.
Asimismo, la Corte negó la prisión domiciliaria y la suspensión de la pena, por lo que el senador deberá cumplir la condena en un centro carcelario.
Según la investigación, Ramírez habría liderado una red conformada por funcionarios públicos, contratistas y particulares para direccionar contratos a cambio de beneficios políticos y electorales en departamentos como Quindío, Caldas, Santander y Tolima.
El caso se originó tras un contrato firmado en 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta, lo que permitió descubrir una serie de convenios que, presuntamente, beneficiaban al senador mediante el pago de comisiones ilegales.
Para emitir la condena, la Corte analizó testimonios, documentos, interceptaciones y otras pruebas, incluyendo declaraciones de exfuncionarios y contratistas que ya habían sido condenados y colaboraron con la justicia.
El fallo concluye que el senador utilizó su cargo para intervenir en procesos contractuales y obtener beneficios políticos, afectando recursos públicos destinados a obras para comunidades.
