El pasado 4 de noviembre del año en curso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió el decreto 1166 a través del cual ordenaba la eliminación de la licencia de construcción para los programas de mejoramiento, construcción en sitio propio y autoconstrucción, medida que según la entidad entraba en vigencia de inmediato y aplicaba a los planes de vivienda bajo el modelo de autogestión.
El decreto que generó dudas frente a su alcance establece que los proyectos podrán ejecutarse con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero, acompañada del registro ante los entes territoriales, en lugar de una licencia formal.
Frente a la expedición del decreto y que generó confusión, los curadores urbanos del país divulgaron un documento explicando que la norma expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no elimina la exigencia de licencias de construcción para remodelaciones en Colombia, como se ha interpretado de manera errónea en algunos sectores del gremio constructor.
Para los funcionarios, el Decreto lo que hace es introducir la figura de la “carta de responsabilidad”, un documento técnico que podrá reemplazar la licencia únicamente en proyectos de vivienda de interés social y prioritario que cuenten con subsidios otorgados directamente por el Gobierno Nacional. Aclarando además, que esta medida aún no ha sido reglamentada, y que el Ejecutivo tiene un plazo de seis meses para definir su implementación.
En todo caso la certificación del cumplimiento de normas técnicas y urbanísticas recaerá en las entidades territoriales, el Gobierno Nacional y las Cajas de Compensación Familiar.
No obstante, el Colegio en su pronunciamiento enfatizó que el régimen de licenciamiento urbanístico establecido por la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015 sigue vigente, al igual que la función pública de los curadores urbanos en los municipios que han adoptado esta figura.
¿En qué casos no aplica?
En el documento divulgado este viernes, los curadores señalan que el decreto 1166 no aplica a construcciones sin subsidio, en zonas de riesgo o protección ambiental, ni a vivienda rural y agregan que la “carta de responsabilidad” no elimina los controles técnicos, sino que los traslada a profesionales responsables del diseño y ejecución de las obras, quienes deberán certificar el cumplimiento normativo y asumir las consecuencias legales de cualquier incumplimiento.
“Este pronunciamiento busca brindar claridad en medio de la confusión generada por la nueva norma, y garantizar que el desarrollo urbano del país continúe bajo parámetros técnicos, legales y responsables”, concluye el documento oficial y en el mismo se invita a los integrantes del sector constructor del país a consultar el texto oficial del decreto y evitar interpretaciones erróneas que puedan poner en riesgo la legalidad de los proyectos que están o se van a poner en marcha.
