Además de la pena privativa de la libertad, Uribe fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.
De acuerdo con el fallo, la jueza encontró probado que el expresidente conocía y avaló la búsqueda de testigos en cárceles del país para favorecer su versión en un proceso que lo relacionaba con estructuras paramilitares. Las pruebas clave incluyeron interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, así como testimonios de exparamilitares como Carlos Enrique Vélez (“Víctor”) y Eurídice Cortés (“Diana”), quienes habrían recibido beneficios económicos y presiones para modificar sus declaraciones.
Aunque fue absuelto del delito de soborno simple, la jueza consideró que hubo una actuación coordinada para alterar procesos judiciales en beneficio propio, lo cual sustentó la condena.
Esta condena convierte a Álvaro Uribe Vélez en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente por la justicia ordinaria.
