De acuerdo con la ginecoobstetra Margarita Bello Álvarez, en entrevista con El País, la disminución de los nacimientos no es reciente, pero se ha acelerado tras la pandemia. Según explica, la expansión de políticas de salud sexual y reproductiva, junto con el mayor acceso a métodos anticonceptivos y mejoras en la atención obstétrica, han influido directamente en la planificación familiar.
A esto se suman cambios sociales de fondo. La especialista señala que el aumento en los niveles educativos y la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral han llevado a postergar la maternidad o, en algunos casos, a replantearla por completo.
Aunque el factor económico suele señalarse como determinante, la experta indica que no es el único elemento. La incertidumbre financiera, el costo de vida, la inestabilidad global y hasta preocupaciones ambientales también inciden en la decisión de tener hijos.
El análisis también pone sobre la mesa la carga histórica asociada a la crianza. Según Bello Álvarez, la responsabilidad de la maternidad y el cuidado sigue recayendo en gran medida sobre las mujeres, lo que influye en la postergación o reducción de nacimientos.
Las cifras muestran una disminución más marcada en adolescentes y mujeres mayores de 40 años, mientras que el grupo entre los 30 y 40 años mantiene cierta estabilidad, reflejando un cambio en la edad de decisión para ser madre.
Frente a iniciativas que buscan incentivar la natalidad, la especialista advierte que este tipo de medidas no resuelve el problema de fondo. En su lugar, plantea la necesidad de políticas públicas integrales que garanticen licencias adecuadas, equidad laboral y sistemas de cuidado sólidos.
El debate, concluye, no se limita a cifras demográficas, sino que involucra condiciones sociales estructurales que determinan si las personas pueden o no ejercer la maternidad en condiciones dignas.
