Los afectados son los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados en mayo de 2025 en Fortul, así como los policías de la Dijín Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, retenidos en julio del mismo año.
Según el grupo armado, Pacheco deberá permanecer 60 meses en cautiverio y López 55 meses, mientras que los uniformados fueron “condenados” a 36 meses, bajo acusaciones de espionaje y otros delitos sin sustento judicial.
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, rechazó la decisión y aseguró que el Estado trabaja para lograr su liberación. “El ELN no es ningún organismo del Estado, es una amenaza contra el pueblo colombiano”, afirmó, al tiempo que pidió apoyo de la comunidad internacional y organismos humanitarios.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó como “inadmisible” la prolongación del secuestro y reiteró que estos actos constituyen delitos bajo la legislación nacional e internacional.
El caso ha generado fuertes reacciones desde distintos sectores políticos y jurídicos, que insisten en la urgencia de acciones para lograr la liberación de los funcionarios que ya completan cerca de un año en cautiverio.
