Esta técnica, ahora legal en el país, consiste en descomponer los cuerpos mediante agua y compuestos alcalinos a altas temperaturas y presión, dejando únicamente restos óseos y un residuo líquido. La normativa establece controles estatales y fija responsabilidades para EPS, funerarias y autoridades sanitarias en el manejo post mortem.
Sin embargo, expertos advierten serios riesgos. El exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, señaló que este procedimiento destruye completamente el ADN, lo que podría dificultar investigaciones judiciales y procesos de identificación de víctimas.
Según el especialista, a diferencia de la cremación, este método eliminaría toda evidencia biológica, lo que abriría la puerta a posibles usos indebidos por parte de estructuras criminales en un contexto de desapariciones forzadas.
A esto se suman cuestionamientos ambientales, ya que el proceso requiere grandes volúmenes de agua y genera residuos líquidos con posibles componentes tóxicos.
Aunque la medida se presenta como una alternativa más sostenible, expertos insisten en que su implementación plantea retos en materia de control, justicia y salud pública.
