El pasado martes, la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República llevó a cabo la Audiencia Pública en las instalaciones de la Unidad Central del Valle donde escuchó, a la sociedad civil, instituciones y demás actores involucrados en la situación que afronta el municipio y departamento.
«Estamos aquí por varias razones, la primera razón como un respaldo desde toda la institucionalidad, en este caso el Congreso de la República, con Tuluá. Hay bandidos que creen que le pueden ganarle la guerra al Estado.
En el caso de Tuluá con la banda ‘La Inmaculada’, los cuales ya están identificados y es cuestión de semanas para su total desarticulación», señaló el senador Ariel Ávila Martínez.
Preocupación por la zona rural
Si bien es cierto, la audiencia giró en torno a la amenaza que se presenta en la zona urbana por la injerencia de la banda La Inmaculada, también se puso de manifiesto el temor existente entre los pobladores de la alta y media montaña por el enfrentamiento de dos facciones de las disidencias de las Farc que han cobrado la vida de seis líderes comunitarios y dos personas desmovilizadas de las Farc.
«Ahora que el gobierno Nacional decidió levantar el cese al fuego con las disidencias de las Farc, ya no hay razones para que el Ejército se abstenga de actuar en la zona rural y así proteger a los líderes sociales y el campesinado general», precisó el senador Ávila.
De la misma manera durante la audiencia, los líderes de las organizaciones de víctimas expresaron su preocupación por la falta de garantías para cumplir con su tarea en Tuluá y la región.
Al finalizar la sesión, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos fijó varios compromisos solicitó los informes de seguridad, y listado de los firmantes de Paz que necesiten estudios de seguridad, al igual de los líderes, lideresas, y periodistas que necesitan protección de la Unidad de Protección.
