La gran polémica que se desata hoy en todo el país tiene sus raíces en la siempre conflictiva propiedad de la tierra que reclaman los indígenas y otras comunidades afrodescendientes como propia y exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de sus promesas, que consisten entre otras, a tener una vivienda digna y lo que eufemísticamente señalan como recuperación de predios cuando están invadiendo territorios de propiedad privada.
Esta singular discusión data de tiempos antiguos y es un debate candente si tenemos en cuenta que la reforma agraria plasmada en el acuerdo de La Habana tiene como eje fundamental de la paz, una reestructuración integral en la propiedad de la tierra, mediante la cual se adquiere la justicia social, como base para alcanzar la paz.
Sin embargo, las cosas se complican, cuando en varios departamentos se presentan invasiones de terrenos de propiedad privada, cuyos gestores, alegan el cumplimiento de las promesas electorales de inmediato, sin esperar las reformas necesarias y legales para llevarlas a cabo.
Por supuesto que tanto el primer mandatario Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez, se han pronunciado en contra de las vías de hecho por parte de estas comunidades, que se niegan a desalojar los sitios y haciendas ocupadas hasta que no se les garantice una vivienda digna.
Empeora la situación de orden público, la posición del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurié, quien fue enfático en declarar abiertamente que está dispuesto a organizar un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata en defensa del gremio que está obligado a ejercer y argumentando que no está haciendo nada ilegal, pues inmediatamente la reacción general y temida, es la posibilidad de la reaparición de nuevos grupos paramilitares de ingrata recordación.
Y para acabar de encender la polémica, el ministro del Interior, Julio César Prada, desde una asamblea en el departamento del Cauca, incitó a las manifestaciones populares, para presionar la aprobación de la reforma tributaria, muy discutida y rechazada en gran parte, por los gremios y organizaciones del país, tanto así que desde ahora se anuncia una manifestación masiva para protestar por esta reforma que la consideran inadecuada, inequitativa y que lesiona los intereses de las empresas.
Y aún más, se espera un desenlace conflictivo, cuando el propio gobierno ha dado un plazo perentorio de 48 horas a todos los invasores en los departamentos del Cesar, Cauca, Huila y Valle del Cauca, para desalojar, cuando también está en el centro de la polémica, la nueva metodología para hacer el uso de la fuerza, por parte de las autoridades de Policía y del Ejército en cuanto al orden público.
Es decir, en otras palabras, el gobierno tiene de frente, un escenario de su propia creación y está en la obligación de hacer cumplir la Constitución y las leyes de un lado y al mismo tiempo hacer entender y aceptar a sus elegidos, que está dispuesto a cumplir sus promesas y evitar un nuevo incendio nacional, como consecuencia de la imposición de gravámenes tributarios, especialmente a las empresas de carácter privado y la invasión ilegal de la tierra.
Y no se debe olvidar que uno de los planteamientos del entonces candidato presidencial, fue el respeto de la propiedad privada, para alejar así el temor ancestral, por la expropiación de latifundios o tierras improductivas.
