Desde que se inició hace cuatro años y medio, la vigilancia especial a la empresa prestadora de salud Coomeva, sus afiliados también comenzaron su viacrucis y lentamente y poco a poco se fue desquebrajando la entidad, a pesar de los esfuerzos de la Superintendencia de Salud, por salvarla, para llegar a lo que hoy tenemos y siembra en todos inquietudes e incertidumbre ante el fracaso.
La salud en términos generales y desde que se convirtió en un negocio rentable trajo consecuencias desastrosas para sus afiliados y actualmente vemos con profunda preocupación a varias empresas prestadoras haciendo fila para su presunta liquidación porque ya no es rentable. El mercado, que son los pacientes, es abundante pero el gobierno no tiene cómo subsidiar los altos costos que demandan su atención, especialmente los asuntos de alta complejidad que afectan sobretodo al sector más vulnerable de la población.
Es el caso de Coomeva, que deja a cientos de IPS en la ruina, con deudas imposibles de cancelar, y como es costumbre, pagando los platos rotos la gente de los estratos bajos que se quedan sin a quien acudir.
Aunque la Supersalud ha informado y establecido el camino correcto a seguir para que los afiliados no sufran demasiado con este quiebre en materia de salud, no deja de sembrar incertidumbre y muchísimas vueltas y trámites, para recomenzar un nuevo camino en la EPS que les corresponda asistir a partir del 1 de febrero, cuando además tendrán 90 días para decidir si ciontinúan en la entidad asignada o prefieren cambiar. Todo esto genera por supuesto, problemas, conflictos, desaveniencias, enredos para quienes son trasladados.
Y se venía venir, desde que el gobierno a través del ministerio de Salud, decidió poner en cintura a todas aquellas instituciones de salud que no habían podido superar la crisis financiera y convertidas en atención de garaje, ya que toda persona que veía oportunidad de enriquecerse a costillas del Estado, abrió su empresa prestadora del servicios de salud. Lo que ha pasado con Coomeva y las otras EPS no es nada más ni nada menos, que la irresponsabilidad en el manejo y administración de la salud para el pueblo colombiano, transformada en el negocio más rentable de los últimos tiempos.
Lo que se pide desde todos los sectores de la Nación, es que el gobierno no sea tan paquidérmico en la solución a los problemas que se anuncian con la debida anticipación, que termine la tramitología y una cosa mucho más importante por resolver, que el afiliado no se vea obligado a entutelar a la entidad prestadora del servicio, si se tiene en cuenta que su atención se enmarca dentro de los derechos fundamentales, básicos y esenciales que nadie puede rechazar bajo ningún pretexto económico y financiero.
Es igualmente necesario que el ministerio de Salud y de Protección Social, asigne con juicio,serenidad y responsabilidad a los afiliados en su respectivo municipio en donde sea posible su atención, que no los envíe lejos de sus domicilios parroquiales, que no se vean obligados a desplazarse a las capitales, cargándoles más problemas y dificultades, especialmente conociendo que, en su mayoría, no tienen recursos suficientes para hacerlo.
Y es urgente que se adelante una infomación masiva, través de los medios de comunicación, para que el traumatismo del traslado sea menos doloroso, de tal manera que se recupere la tranquilidad de pacientes y afiliados que de una u otra manera se verán afectados, como también es conveniente gestionar el camino a seguir de todos los empleados y trabajadores que quedan sin empleo, buscar las soluciones rápidas y adecuadas a sus necesidades.
