El pasado miércoles se conoció la determinación de la Superintendencia Delegada para el Registro de iniciar una investigación preliminar contra la Unidad Administrativa Especial de Catastro del Valle del Cauca, que desarrolló la gestión catastral de Tuluá, proceso que desde un comienzo ha generado dudas frente al método desarrollado para la medición en la zona rural.
De acuerdo con la información conocida por EL TABLOIDE, la decisión se adopta desde esa instancia nacional a raíz de la solicutud presentada por el abogado Germán Aldana Alzate, quien denunció lo que él considera graves irregularidades durante todo el proceso y que derivó cobros indebidos del impuesto predial en el municipio de Tuluá.
El documento emitido por la Superintendencia Delegada para el Registro basó la apertura de la investigación en las denuncias de Alzate Aldana, el informe del periódico La Región que edita el abogado y periodista Jaime Orlando Aristizábal y en los detalles de la auditoría adelantada por la Contraloría Municipal, los cuales señalan inconsistencias en la gestión del catastro y el cobro del impuesto.
El análisis de la información proporcionada «determina que, existen méritos para realizar Auto de apertura de averiguación preliminar». Este proceso se llevará a cabo «conforme a las leyes vigentes para garantizar el debido proceso y la transparencia» dice el comunicado oficial de la Superintendencia.
La investigación busca esclarecer las denuncias y determinar la responsabilidad de la entidad gestora del catastro. La entidad nacional precisó que las pruebas y quejas presentadas por el abogado Aldana serán anexadas al expediente del caso.
Justamente los voceros de la Veeduría, conformada para la defensa de los ciudadanos afectados por la actualización catastral, han convovedo para el 2 de octubre un nuevo plantón en la Plaza Cívica Boyacá, después de las dos de la tarde.
