Las postulaciones estarán abiertas desde este 18 de mayo de 2023, hasta el viernes 02 de junio del mismo año.
“Con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, nos hemos propuesto fortalecer el Programa Estado Joven. Una de nuestras prioridades es generar sentido de pertenencia por lo público y que los jóvenes de todos los territorios del país puedan iniciar su vida laboral en las diferentes entidades del Estado. Invitamos a los estudiantes de todo el país a postularse a las plazas de prácticas laborales disponibles en esta nueva convocatoria”, afirmó César Augusto Manrique, director de Función Pública.
Las plazas de práctica disponibles son ofertadas por más de 200 entidades de las Ramas y Órganos del poder público, alcaldías capitales, gobernaciones, alcaldías de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en Zona de Frontera.
Los beneficiarios
Según lo indicado, al programa pueden inscribirse jóvenes entre los 15 y 28 años que cursen programas de formación normalista, técnico laboral, técnico profesional, tecnológico, profesional universitario de pregrado o de formación integral titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Que, además, dentro de sus planes académicos tengan como requisito el desarrollo de prácticas laborales para su titulación, o donde la práctica laboral haga parte de la malla curricular del programa académico.
Cómo funciona
Las prácticas laborales son de tiempo completo, presenciales, con una duración máxima de cinco meses, un límite de 38 horas semanales, y se realizarán a partir del primero de agosto de 2023 al 31 de diciembre del mismo año.
Los estudiantes seleccionados por el programa recibirán el pago de un auxilio de práctica mensual que equivale a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), es decir, 1.160.000 pesos.
Cada estudiante podrá aplicar máximo a una plaza de práctica y cada plaza de práctica recibirá máximo cinco postulaciones.
Las cifras oficiales indican que en la más reciente convocatoria de Estado Joven benefició a más de 1.300 jóvenes en todo el territorio, entre ellos 338 pertenecen a comunidades indígenas, afrocolombianas, madres o padres cabeza de familia y víctimas del conflicto. Además, el 55,3% de los beneficiarios son mujeres.
