Colombia se la ha pasado desde la Rebelión de los Comuneros hasta ahora firmando armisticios, decretando la paz o imponiendo el perdón y el olvido sobre actuaciones de ciudadanos que hayan sido consideradas y aún juzgadas y condenadas como delito.
Todas las guerras civiles oficialmente declaradas en el siglo 19 y las que no adquirieron ese maldito sello legal que autoriza la muerte violenta, como han sido todos los conflictos que hemos vivido desde mitad del siglo 20 hasta hoy, han terminado siendo fruto de propuestas de perdón y olvido aprobadas por el Congreso o por las Constituyentes o refrendadas por consulta popular.
Por estos días el no siempre flamante, pero sí controvertido doctor Montealegre, actuando ahora como ministro de Justicia, ha propuesto por enésima vez a la República de Colombia, que acepte un híbrido de ese tipo. Para un país tan legalista como decimos ser en Colombia, tales propuestas siempre generan rechazos más emotivos que razonados.
Pero como la comparación entre los últimos perdones y olvidos siempre estará vigente, para este caso no se puede aceptar la inamovilidad de la ley ni la vigencia eterna de la clasificación y castigo porque si en el inmediato pasado le perdonamos a los que hicieron la violencia a mitad del siglo XX y también lo hicimos con el M-19 y otros grupos más pequeños de revoltosos y en el gobierno de Santos con las Farc, discutir una nueva opción de usar la misma herramienta no deja de ser inútil en una república que ha modificado radicalmente sus criterios morales después de la Revolución de los Traquetos y el narcotráfico.
La lista de secuestros, extorsiones y homicidios, masacres y desplazamientos forzados que perdonamos en aquellos momentos no son ni tan distintos ni tan lejanos del perdón y el olvido que se pretende decretar ahora. Alistemos la flexibilidad moral colombiana para que Chiquito Malo, Douglas, Pipe Tuluá y otros más ingresen a ese mismo nicho.
