Por estos días, cuando en todos los niveles y grupos sociales se habla de inclusión y de igualdad, resultaría muy conveniente que se metiera en ese paquete al campesinado, esa población que lleva décadas pidiendo, clamando y reclamando atención y que para infortunio de ese gran conglomerado la recibe a cuenta gotas y, en el peor de los casos, no la recibe de manera adecuada.
Si de deudas históricas se habla, seguramente la que el Estado colombiano tiene con la población campesina rompe todas las estadísticas y prueba de ello es que la última gran reforma agraria se dio en el gobierno de Alfonso López Pumarejo y desde entonces el gobierno en sus diferentes niveles viene dando tumbos con una pírrica política asistencialista que en poco o nada contribuyen al desarrollo de sus entornos familiares y sociales.
Basta con mirar a la región centro y norte del Valle del Cauca para darnos cuenta que el campo se estancó, que en cada invierno las máquinas llegan a los mismos sitios para despejar un derrumbe, pero el problema de fondo sigue ahí, con la erosión creciente, acciones de siembra mínimas y canales de comercialización escasos y en buena parte lo que producen es absorbido por intermediarios que les compran los productos a precio de huevo, pero los encarecen al consumidor final en la plazas de mercado.
Y no menos grave es la situación que viven los campesinos de esta región en materia de orden público. Hoy volvió el miedo a nuestras montañas, las muertes selectivas van en aumento y ahora son las mujeres las que parecen estar en la mira de los grupos al margen de la ley que se mueven con libertad pasmosa, mientras que las autoridades se enfrascan en una discusión absurda para determinar si las víctimas quedaron o no en sus territorios, pues al parecer importan más las estadísticas que la vida misma.
Esa ausencia de autoridad estatal se ha visto reflejada en la dolorosa escena representada por los familiares de las personas asesinadas quienes han tenido que asumir la penosa tarea del levantamiento de los cuerpos, pues al parecer la fuerza pública es incapaz de prestar seguridad a los Técnicos de la Fiscalía o a los funcionarios funerarios que hagan un traslado digno de las víctimas.
Creemos entonces que se requiere que el país vuelque sus ojos al campo.
Que se pase de las palabras a las acciones claras y contundentes, que se invierta en la formulación de una política agraria integral que le de la importancia que se merece el sector agricultor del país, pues la única manera de derrotar el brote de violencia y desigualdad que se señorea en nuestras montañas es con un cambio de estilo a la hora de invertir en este conglomerados social que pide a gritos ser escuchado a un Estado que parece estar sordo.
Una vez más le pelota está en la cancha de los candidatos a la Presidencia.
Ya es hora que dejen las diatribas en contra de uno y de otro para que le digan al país qué proponen, eso sí con los pies en la tierra, pues tampoco se necesita que vengan a prometer puentes donde no hay ríos. Acciones, no promesas es el epílogo para este editorial que esperamos refleje el sentir ciudadano.
