La decisión del mandatario ha generado una fuerte controversia, al tratarse de una figura que no cuenta con aval legislativo y cuyo futuro dependerá de un eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional.
“He decidido decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué lo hago? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa”, afirmó el jefe de Estado en su declaración oficial.
La consulta, que incluye preguntas sobre la reforma laboral y el sistema de salud, ya fue radicada nuevamente por el Gobierno con un pliego ampliado. De acuerdo con el ministro Armando Benedetti, el borrador ya está listo, contiene 12 preguntas y ha sido revisado por expertos constitucionalistas, aunque no se han dado a conocer sus nombres. Según Benedetti, el decreto de convocatoria sería expedido entre finales de julio y principios de agosto.
Horas antes de la alocución presidencial, el exfiscal general Eduardo Montealegre —actual asesor jurídico del Ejecutivo— había anticipado la decisión, asegurando que el trámite legislativo estuvo viciado de nulidad. “La Presidencia encontró vicios de inconstitucionalidad insubsanables en la actuación del Senado. En ese caso, la decisión es inexistente y el Presidente puede convocar la consulta por decreto”, afirmó.
La posibilidad de avanzar por esta vía ha sido fuertemente rechazada por diversos sectores. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que la intención del Gobierno configura una ruptura institucional: “No solo es contra el Legislativo, que rechazó la consulta de forma legítima, también es un desconocimiento del poder judicial”, dijo. Cepeda calificó la medida como un posible “golpe de Estado”.
A esta posición se sumó el exsenador Humberto de la Calle, quien cuestionó que el Gobierno se atribuya funciones que solo corresponden al Consejo de Estado. “El doctor Benedetti parte de la base de que la decisión del Senado fue nula. Eso no lo decide el Ejecutivo, sino los jueces. Esa declaración es una suplantación del rol judicial, y representa un golpe de Estado, y no tan blando”, expresó.
En su mensaje al país, el presidente Petro también denunció un supuesto complot para asesinarlo, orquestado por una organización que llamó “la junta del narcotráfico”. Según dijo, esta estaría vinculada con la extrema derecha nacional e internacional, y buscaría generar un “atentado jurídico” en su contra.
“El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia, no hay otro dueño”, concluyó Petro, al tiempo que pidió a la Corte Constitucional acompañar lo que describió como una “tarea de reconstrucción del Estado Social de Derecho”.
El anuncio marca un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo, el Congreso y las cortes, en medio de un debate nacional sobre los límites del poder presidencial y la institucionalidad democrática. Ahora, será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra sobre la legalidad de la consulta popular por decreto.
