Su caso, ahora en manos de la justicia, pone bajo la lupa los protocolos que algunas clínicas estarían aplicando en menores que expresan inconformidad con su cuerpo.
De acuerdo con el abogado Pedro Daniel Contreras, representante de Laura y su familia, la joven fue sometida a un tratamiento hormonal y a una cirugía de masculinización pese a padecer depresión, ansiedad y traumas derivados de abuso infantil, factores que, asegura, fueron ignorados por el equipo médico.
El abogado sostiene que la Clínica Valle de Lili diagnosticó a Laura con disforia de género en la primera consulta, sin verificar que la inconformidad con su cuerpo fuera “permanente en el tiempo”, como exigen los protocolos internacionales. “Lo que ella necesitaba era atención psicológica y acompañamiento, no una intervención de este tipo”, subrayó Contreras.
La familia denuncia además que nunca firmó un consentimiento informado, requisito indispensable para este tipo de procedimientos. “Lo pedimos tres veces y nunca nos lo entregaron”, afirmó el abogado, quien calificó la intervención como “irresponsable y prematura”.
Hoy, Laura vive con las consecuencias de un tratamiento irreversible: alteraciones en la voz, presencia de vello facial y una cirugía reconstructiva que no logró recuperar la funcionalidad perdida. “Queremos justicia, pero también que esto sirva para que ninguna familia pase por lo mismo”, expresó su defensor.
El caso abre un debate urgente sobre los límites éticos y médicos en las intervenciones de reafirmación de género en menores de edad, y sobre la necesidad de reforzar los controles y la supervisión estatal en los centros que adelantan este tipo de tratamientos en el país.
