El memorando de entendimiento establece una zona especial con una vigencia inicial de cinco años —prorrogables automáticamente— para impulsar proyectos en comercio, agroindustria, salud, cultura y turismo. Se creará un equipo de trabajo bilateral para coordinar y definir su operación técnica y territorial. Las partes aseguran que la iniciativa no condiciona decisiones soberanas nacionales.
Ventajas anunciadas:
- Fomento de comercio formal y legalización de economías locales fronterizas.
- Inversiones conjuntas en sectores agrícolas, ganaderos y agroindustriales para promover desarrollo regional.
- Coordinación en salud, cultura y educación para mejorar la calidad de vida en zonas limítrofes.
- Promesa de controlar la frontera como espacio de legalidad, reduciendo la influencia de mafias.
Riesgos y críticas:
- Inquietud por la posible injerencia venezolana o influencia del régimen de Maduro en municipios colombianos como Norte de Santander o La Guajira.
- Denuncias de compromiso a la soberanía nacional, calificando el acuerdo como una «entrega silenciosa» a intereses dictatoriales o criminales.
- Presencia de grupos armados ilegales en la frontera, que podrían operar con mayor libertad si no hay reglas claras de control en la zona binacional.
- Falta de debate público y control del Congreso colombiano, lo que genera sospechas sobre la transparencia del pacto.
Perspectivas contrapuestas:
Por un lado, sectores del Gobierno defienden que la zona binacional tiene como principal objetivo facilitar el bienestar y la integración de los pueblos fronterizos, y argumentan que no supone cesión de soberanía territorial. Por ejemplo, el presidente Petro afirmó que “no entrarán soldados venezolanos a Colombia, ni viceversa”.
Por otro lado, voces como la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez han advertido que la zona podría servir para extender el socialismo del siglo XXI y consolidar presencia de grupos armados ilegales en la región colombo‑venezolana.
