La decisión se adoptó mediante una medida cautelar de urgencia dentro de una acción popular presentada por un ciudadano, quien advirtió posibles riesgos para los usuarios del sistema si se aplicaba el decreto. Según el tribunal, la medida busca prevenir afectaciones mientras se analiza a fondo la legalidad y el impacto de la norma.
El decreto, firmado el pasado 24 de febrero, introducía un modelo de aseguramiento con enfoque territorial que limitaba el número de EPS por región y permitía el traslado de cerca de 6,6 millones de afiliados a otras entidades del sistema.
Entre los cambios previstos estaba el traslado de millones de usuarios a distintas EPS, incluida Nueva EPS, una entidad que actualmente se encuentra intervenida por el Estado y que, según el demandante, enfrenta dificultades operativas y financieras.
Con la suspensión temporal del decreto, los traslados de afiliados quedan frenados mientras avanza el proceso judicial. El tribunal deberá determinar en los próximos meses si la medida del Gobierno vulnera derechos colectivos como el acceso eficiente a los servicios de salud y la protección del sistema.
