Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, la medida responde a “criterios de seguridad nacional” y se adopta tras considerar que Colombia no ha implementado acciones concretas y efectivas para fortalecer la seguridad en la zona fronteriza. El Ejecutivo ecuatoriano sostiene que el objetivo es reforzar la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales que operan en el límite binacional.
La escalada comenzó en enero, cuando el presidente Daniel Noboa anunció la aplicación de una tasa del 30 % a productos colombianos desde el 1 de febrero. En respuesta, Colombia empezó a aplicar esta semana un gravamen similar a 23 partidas arancelarias ecuatorianas, que abarcan bienes agrícolas, alimenticios e industriales.
El impacto ya se siente en la frontera. En Tulcán, capital de la provincia del Carchi, varios productos permanecen almacenados debido a restricciones para su ingreso por vía terrestre. La Federación Ecuatoriana de Exportadores advirtió que los aranceles afectan alrededor de 5,25 millones de dólares en exportaciones semanales hacia Colombia, cifra que representa cerca de un tercio de las ventas totales a ese mercado.
Aunque la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que se mantiene el diálogo diplomático, el aumento del arancel marca un nuevo capítulo en una controversia que amenaza con afectar el comercio bilateral y la estabilidad económica en la frontera.
