Según el documento oficial, las estructuras involucradas son el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Jaime Martínez del autodenominado Estado Mayor Central y la organización de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.
El organismo de derechos humanos advirtió que esta confluencia podría derivar en homicidios selectivos, enfrentamientos armados, instalación de explosivos, reclutamiento forzado y desplazamientos masivos, lo que generaría una crisis humanitaria sin precedentes en la zona.
La Alerta 011-2025, emitida este lunes, detalla que la amenaza se extiende a 21 corregimientos y cuatro resguardos indígenas, incluyendo zonas rurales y urbanas de los tres municipios. Las comunidades campesinas, indígenas y urbanas, así como líderes sociales, mujeres y menores de edad, son las más expuestas.
La Defensoría también alertó que la violencia podría impactar directamente en la educación, con riesgo de cierre de escuelas y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Ante este panorama, el organismo pidió una respuesta inmediata y articulada del Estado. Solicitó al Ministerio del Interior, a través de la CIPRAT, coordinar medidas urgentes de protección, y al Ministerio de Defensa reforzar el control territorial con patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y cabeceras municipales.
La defensora del Pueblo anunció que viaja a Cali para reunirse con el alcalde de la ciudad, la Gobernación del Valle y otras autoridades, con el fin de activar un plan de seguridad y atención humanitaria que evite una tragedia.
