La denuncia, revelada en primicia por un medio de comunicación nacional, coincide con las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien ya había alertado sobre esta cruda realidad.
De acuerdo con la ONU, el fenómeno está directamente relacionado con la expansión de estructuras armadas como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC en la región. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha recibido denuncias de familias emberá que aseguran que sus hijos han decidido atentar contra su vida para evitar ser reclutados por estos grupos al margen de la ley.
«Eso es lo que alegan las familias, que sus hijos cometieron suicidio para evitar el reclutamiento forzado», declaró Juan Carlos Monge, representante de la Oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos.
Las Naciones Unidas tomaron conocimiento de estos casos luego de que las comunidades afectadas sostuvieran conversaciones con el relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas, quien visitó Colombia el año pasado.
Según la ONU, la situación no resulta sorprendente debido al fortalecimiento de los grupos armados ilegales en la región. «No sería de extrañar en una zona donde la expansión de estos grupos ha sido considerable y donde se produce un dominio», afirmó Monge.
Por su parte, la ministra de Justicia reiteró que el reclutamiento forzado en Chocó ha aumentado, lo que ha llevado a algunos menores a tomar decisiones extremas. «Para evitar dicha situación o por negarse a cargar un fusil, terminan con su vida», señaló Buitrago en declaraciones recogidas por un medio de comunicación nacional.
El informe de la ONU pone en evidencia la grave crisis humanitaria que atraviesa la niñez emberá en Chocó, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en la urgente necesidad de protección para estas comunidades víctimas del conflicto armado.
