Por esa razón, la entidad considera que no puede garantizar la protección a la vida y la salud de sus 1,2 millones de afiliados en 24 departamentos del país.
Ahora será el Ministerio de Salud el que se encargue de efectuar el traslado poco a poco de ese número de afiliados a otras EPS, mientras avanza el proceso de liquidación de Coomeva.
La Supersalud señaló que la EPS “estaba bajo las medidas de toma de posesión en intervención forzosa para administrar desde hace varios meses, pero, a pesar de los esfuerzos del agente especial designado por la Supersalud, ya había un deterioro continuado de sus principales indicadores operacionales, asistenciales y financieros“.
En medio de ese proceso, Coomeva estuvo bajo una vigilancia especial que duró cuatro años y medio, tiempo en el que recibió instrucciones y órdenes que “no atendió”. Lo que significa que no dio respuesta a la acumulación de quejas, reclamos y peticiones de sus afiliados, y “a la necesidad de cumplir con estrictos planes de capitalización”.
Ese número de PQRD ascendió a 193.100, lo que la ubicó entre los primeros lugares de las EPS que más recibieron quejas del régimen contributivo, en especial por ponerles dificultades a los usuarios para servicios de medicina especializada, demora en entrega de medicamentos, retraso en autorización de exámenes de laboratorio y no pago de las prestaciones económicas derivadas de licencia de enfermedad general.
Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, señaló citado por la entidad que no va a “permitir que las EPS jueguen con la salud de los usuarios y que pongan en riesgo la atención que requieren la población infantil y los pacientes con cáncer o insuficiencia renal“.
