El director del Instituto Nacional Penitenciario, (INPEC), nombrado por el presidente Duque, mayor general Mariano Botero Coy, tiene una marcada propensión a generar u ordenar resoluciones que favorecen a determinados condenados. Es así como en julio 15 de 2021, firmó una resolución donde solicita el traslado del convicto Eduardo Enrique Pulgar Daza, el exsenador que fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias a 4 años y 10 meses de prisión, de la cárcel Picota en Bogotá al Batallón de Ingenieros Militares de Malambo, confortable lugar de reclusión cercano al municipio de Soledad, fortín político del mismo Pulgar Daza, según lo reveló el periodista Daniel Coronell a la W radio el 27 de septiembre del año en curso.
Y el domingo 31 de octubre el programa “Los Informantes” de Caracol televisión, nos contó que por orden superior el director de la cárcel de Valledupar, solicitó ante un juez de garantías, con fecha 14 de mayo del año en curso, la libertad condicional para el violador y asesino en serie Luis Alfredo Garavito Cubillos, tras comprobar que ya cumplió los requisitos que exige la ley para obtener dicho beneficio. Recordemos que Garavito está condenado por el asesinato y violación de 172 infantes en las formas más macabras y violentas que pueda un ser humano imaginar. No es del caso examinar la viabilidad jurídica del beneficio, lo que debe explicar el INPC, es porqué por primera vez en la historia de dicha institución se solicita para un condenado esa merced.
Curiosamente el presidente Duque, que, en Escocia, se disfraza de defensor del medio ambiente global, al ser preguntado sobre este hecho se desató en improperios contra el condenado Garavito, pero no dijo una sola palabra sobre la actuación de su subordinado, mayor general Mariano Botero Coy, responsable de la cuestionada solicitud.
