En 2002, con la ley 789 que impulsó el presidente Uribe en un Congreso de su bolsillo que vería a varios de sus parlamentarios ir a la cárcel por la parapolítica, se aprobó una contrarreforma laboral neoliberal que recortaría los derechos de los trabajadores con el argumento de que, si se flexibilizaban las reglas para contratar, se abaratarían los costos de un trabajado y, por lo tanto, se emplearía a más gente. Pero el desempleo antes aumentó, y se perdieron conquistas laborales de atrás.
Más de 20 años después el gobierno Petro logró con su empuje sacar adelante una reforma laboral que devolviera esos derechos arrebatados, pero hubo de hacer maniobras inimaginables.
Esta reforma primero fue hundida por el Congreso en las primeras de cambio, luego avanzó hasta segundo debate en la Cámara, donde hubo que motilarle la mitad del articulado referido al derecho colectivo o sindical, para que en el tercer debate en el Senado fuera impunemente asesinada por la politiquería tradicional.
Petro sacó su haz debajo de la manga y convocó a una consulta popular desatando una batalla jurídica que posiblemente pierda por el bloqueo judicial que padece, pero coronando una batalla política que dejó un precandidato presidencial en cuidados intensivos y varios muertos por atentados terroristas.
La derecha nunca pensó que el gobierno se levantaría de esto por lo que la multitudinaria manifestación de Cali los asustó, tanto que optaron por revivir la reforma y aprobarla. ¿Será que con la reforma a la salud tan temida por las élites habrá de obrarse igual? Lo claro es que tanto el centro como la derecha, que marchan juntos contra el pueblo, temen la manifestación popular.
