Cuando Montesquieu escribió “El espíritu de las leyes” a mitad del siglo XVIII dijo que los poderes públicos tenían que colaborarse armónicamente y también controlarse entre sí, de suerte que ni el legislativo, ni el ejecutivo ni el judicial tuvieran un poder desbordado.
Esto logra funcionar en democracias maduras, y aunque en Colombia se ha tratado de hacer, lo que hoy se está viendo contra el ejecutivo no es ningún control sino un descarado bloqueo así al país le vaya mal, solo porque el presidente es Petro.
El hundimiento por segunda vez de la reforma laboral en la comisión legislativa que ya había hundido la reforma a la salud, es la muestra de que aún las élites mafiosas tienen el poder para su beneficio, y que la mayoría de legisladores están para cuidar el capital de sus financiadores.
La laboral solo prevé rescatar algunas prebendas laborales que se perdieron con Uribe en 2003, y actualizar el régimen al nuevo mundo del trabajo. La respuesta de Petro fue anunciar una convocatoria a consulta popular para que el pueblo decida si quiere las reformas sociales, pero tiene que pasar por el consentimiento de la plenaria del Senado.
Esta propuesta jurídicamente respeta el estado de derecho, y políticamente es un reto al establecimiento político acostumbrado a hacer lo que le da la gana, y así, si se niegan a consentir la consulta provocarán una movilización popular que igual se dará con la campaña por el sí, si es que se da la consulta. Pero si fracasa la consulta por el alto número de sufragantes que necesita, será el regreso de la derecha al poder. Dejar que el pueblo se manifieste es lo más sano para la democracia ante el saboteo que ningún gobierno había padecido como el de Petro.
