Según informó la entidad, la actividad no contaba con autorización del Gobierno Nacional, del Ministerio de Justicia y del Derecho ni de la Dirección General del INPEC, por lo que se ordenaron medidas inmediatas para esclarecer lo ocurrido.
Tras conocerse la denuncia, el INPEC dispuso el envío del director regional al establecimiento carcelario para verificar los hechos. Además, se ordenó el cambio inmediato del director encargado, la apertura de investigación disciplinaria a siete funcionarios y la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad.
La denuncia fue realizada por la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien aseguró que el evento se habría realizado en el patio 1 del centro penitenciario y que, presuntamente, participaron voceros de la denominada “paz urbana” recluidos en ese lugar.
De acuerdo con la información conocida, la presentación musical habría sido organizada por algunos internos, quienes presuntamente reunieron dinero para pagar el evento, cuyo costo podría ascender a cerca de 500 millones de pesos, incluyendo el pago del artista.
Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer cómo se permitió el ingreso del cantante al centro penitenciario.
