Con una votación de 6 magistrados contra 2, la Sala Plena anuló el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país. La decisión se sustentó en la ponencia del magistrado Carlos Camargo.
El fallo también mantiene suspendidos los decretos derivados 1474 de 2025 y 044 de 2026, que incluían nuevas cargas tributarias impulsadas bajo el amparo de la emergencia. Esto significa que los impuestos creados por esas normas no podrán seguir aplicándose mientras la Corte define su constitucionalidad.
La decisión representa un revés jurídico para el Ejecutivo, al considerar que las facultades extraordinarias invocadas no cumplieron con los criterios constitucionales de necesidad y proporcionalidad exigidos para este tipo de medidas excepcionales.
Con esta determinación, el decreto pierde vigencia de manera definitiva y sale del ordenamiento jurídico colombiano.









