Las pruebas incluyen una carta enviada por la Embajada de Colombia en Nicaragua al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, solicitando apoyo para regularizar el estatus migratorio de González. El documento, fechado el 21 de mayo de 2025 —el mismo día en que la Fiscalía le imputó cargos—, indica que el exfuncionario reside en Nicaragua desde noviembre de 2024.
En respuesta, el Ministerio del Interior nicaragüense dio trámite a la solicitud y autorizó la renovación, proceso por el que González habría pagado 56 dólares.
Exfuncionarios y líderes políticos calificaron la gestión como un acto de “obstrucción a la justicia” y “protección” a un investigado, señalando que podría comprometer la responsabilidad de altos cargos de la Cancillería, del DAPRE e incluso del propio presidente.
