La defensa de Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, solicitó al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá que le permita cumplir su condena en prisión domiciliaria, amparándose en la Ley de Utilidad Pública. Esta ley, impulsada por el presidente Gustavo Petro, beneficia a las madres cabeza de hogar que hayan cometido delitos con fines económicos, permitiéndoles cumplir sus penas mediante trabajo social en lugar de estar en prisión.
El abogado de Barrera, Francisco Bernate, argumentó que su cliente debería beneficiarse de este atenuante legal, ya que es madre soltera y su condena por instigación al terrorismo la obliga a pasar cinco años de prisión. Además, solicitó una redosificación de la pena, ya que considera que los delitos por los que fue condenada no tienen una motivación económica.
Sin embargo, algunos expertos han señalado que Barrera no califica para los beneficios de esta ley, ya que no se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica y los delitos que cometió no tienen fines económicos. De hecho, la Corte Suprema ya había rechazado una solicitud previa de la defensa para permitirle mantener contacto permanente con su hija, argumentando que la pena debía cumplirse en las condiciones dictadas por la justicia.
El respaldo del presidente Gustavo Petro a la solicitud de Barrera fue explícito. A través de sus redes sociales, Petro expresó que no entendía por qué ‘Epa Colombia’ estaba en prisión, aunque afirmó que la decisión correspondía a los jueces. Además, destacó que la Ley de Utilidad Pública fue una iniciativa de su gobierno para permitir que las madres cabeza de hogar puedan cumplir sus penas sin estar privadas de libertad, en un esfuerzo por proteger la niñez y promover la rehabilitación en lugar del castigo.
Ahora, el juez encargado tendrá un plazo de quince días hábiles para decidir sobre la solicitud presentada por la defensa de Barrera.
