Es la primera vez que una campaña presidencial en Colombia recibe una sanción de este tipo.
La sala plena del CNE aprobó, con una votación 6-3, la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que solicitaba castigar a los directivos de la campaña del hoy presidente. El conjuez Majer Nayi Abushihab se unió a la mayoría, tras analizar un expediente de más de 600 páginas y numerosas pruebas contables y documentales.
De acuerdo con la resolución, fueron sancionados Ricardo Roa Barragán —actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña—; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora interna. En primera vuelta presidencial deberán responder por 2.252 millones de pesos. Adicionalmente, los mismos funcionarios fueron sancionados solidariamente por otros 2.447 millones por exceder los topes electorales.
Para la segunda vuelta, el CNE impuso nuevas sanciones: 627 millones de pesos por financiación prohibida y 596 millones por violación de topes. A esto se suma la multa de 583 millones de pesos impuesta individualmente al Movimiento Colombia Humana y a la Unión Patriótica (UP).
El tribunal electoral concluyó que la UP incumplió sus obligaciones de auditoría y vigilancia en el proceso de rendición de cuentas, al no verificar con rigor el origen, destino y veracidad de los recursos administrados. Respecto a Colombia Humana, determinó que permitió ingresos de fuentes prohibidas a la campaña y participó en su financiación como persona jurídica, omitiendo el reporte correspondiente.
Uno de los puntos llamativos del fallo es la orden a Ricardo Roa de devolver 165 millones de pesos por un gasto relacionado con un evento en el Movistar Arena el día de la elección presidencial, pago que hizo con su tarjeta personal y que posteriormente le fue reembolsado. Según el CNE, dicho desembolso no correspondía a actividades permitidas durante la jornada electoral.
La decisión, calificada como un hecho histórico, golpea el corazón del círculo cercano del presidente Petro y podría desencadenar la salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol. Aunque la Corte Constitucional había limitado en el pasado la competencia del CNE para investigar al jefe de Estado, el organismo electoral sí mantuvo la autoridad para evaluar y sancionar las actuaciones de su campaña.
La resolución marca un hito en la supervisión electoral colombiana y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia en las campañas presidenciales.
