Durante la visita estuvo acompañado por el alcalde del municipio, John Jairo Gómez Aguirre; el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Alexánder Gallego; el director del centro carcelario, Gonzalo Rivera; el director del Auspec, Andrés Díaz y Diana Silva, directora de política criminal de la Defensoría del Pueblo.
Dentro de los temas que se trató, debido al hacinamiento en las URI, está la posibilidad de establecer la declaratoria de la “emergencia jurídica jurisdicional” con la que se espera darle respuesta a algunos procesos judiciales que han sido considerados “lentos” y que impiden que algunos de ellos puedan recobrar la libertad.
Así mismo se dijo que se harán mejoras locativas, abastecimiento de víveres y medicamentos, que fueron algunas de las solicitudes requeridas.
