por: El Tabloide · 26 julio, 2017
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…desde los saltimbanquis hasta los flamantes empresarios culturales, tienen que registrar su actividad…”.
El Estado colombiano se ha convertido en un gigantesco chepito que no tiene fondo cuando se trata de meterle la mano al bolsillo a los colombianos.
Ómar Ortiz
Ahora el Ministerio de Hacienda con la complicidad del Ministerio de Cultura han expedido el Decreto 537 de 2017 que reglamenta la ley 1493 de 2011 y que no es otra cosa que crear nuevas contribuciones que en el caso particular grava las actividades culturales, e impone un registro de los promotores de las mismas con el fin de controlar, en principio tribu-tariamente, el quehacer de toda manifestación “de la imaginación, sensibilidad y conocimiento del ser humano que congreguen a la gente por fuera del ámbito doméstico”. De acuerdo a esta amplia definición la curia católica tendrá que registrarse como principal promotora de dichas manifestaciones y en especial, empadronar su máximo evento como es la inminente visita del Papa a Colombia.
Sí, así es el absurdo de la norma dictada. La misma establece que desde los saltimbanquis que se ganan unos centavos en los semáforos de las ciudades, hasta los flamantes empresarios de lo que se ha dado en llamar “industrias culturales”, tienen que acudir a las Secretarías de Gobierno donde ejercen como “Promotores Culturales” y registrar su actividad. Lo mejor es que para darle a la medida una apariencia de respetabilidad, allí se informa que la recolección de dichos dineros estarán destinados a mejorar o recomponer los bines culturales de los municipios donde se recolecten. Olvidando que el primer bien cultural son indudablemente las personas que se dedican a estos ingratos y mal pagos oficios.
Precisamente hace unos días el alcalde de Cali, por mediación de los doctores Armando Barona Mesa y Adolfo Vera Delgado, acaba de lograr con la Junta Directiva del Ancianato San Miguel de la capital vallecaucana un cupo para alojar allí al poeta Elmo Valencia, también conocido como el Monje Loco, su nombre nadaista, quien a sus noventa y tantos años carecía de un rincón donde descansar su trajinada humanidad. Y no es el único, son innumerables los teatreros, magos, bailarines y funámbulos que pobres, abandonados por todos, enfermos y en el completo olvido deambulan por nuestras calles sin que el Ministerio de Cultura y menos el Ministerio de Hacienda legisle para su beneficio. Es el precio que se tiene que pagar por sacar adelante los sueños con dignidad e independencia de criterio como siempre lo ha hecho el poeta Elmo o como en Tuluá lo hizo en su momento Lino Mora y lo continúa haciendo su hija Linda Elvira, que sin necesidad de registro oficial ya tiene un lugar ganado en nuestro corazón y en nuestra memoria.
