La medida se basa en la figura legal de la desnaturalización, un mecanismo que permite revocar la nacionalidad a quienes no nacieron en el país y que, presuntamente, la habrían obtenido de forma irregular, ya sea por fraude, ocultamiento de información o vínculos con delitos graves.
A diferencia de los ciudadanos por nacimiento —protegidos por la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos—, quienes se naturalizaron sí pueden enfrentar este tipo de procesos. Sin embargo, no es una decisión automática: el Gobierno debe presentar pruebas “claras y convincentes” ante un juez.
Si un tribunal falla en contra del ciudadano, este pierde su nacionalidad y puede quedar expuesto a un proceso de deportación. Además, en algunos casos, la decisión podría afectar a familiares que obtuvieron la ciudadanía derivada.
Las personas señaladas tienen derecho a defenderse. Tras la demanda, cuentan con 60 días para responder y pueden presentar pruebas con apoyo legal. Los casos pueden tramitarse por vía civil —cuando se alega fraude— o penal, si se busca demostrar que la naturalización fue obtenida de forma ilegal.
Aunque no es un mecanismo nuevo, su uso ha sido limitado en las últimas décadas. Según el Brennan Center for Justice, entre 1990 y 2017 se registraron en promedio 11 casos al año. Sin embargo, este nuevo impulso podría marcar un cambio en la política migratoria estadounidense.
El debate va más allá de lo legal: expertos advierten que la medida reabre la discusión sobre los derechos, la estabilidad jurídica y las diferencias entre ciudadanos por nacimiento y por naturalización en Estados Unidos.
