La iniciativa fue respaldada por 59 de los 60 diputados, en su mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, además de algunos votos de la oposición. El cambio modifica el artículo 27 de la Constitución y establece que la pena perpetua se aplicará únicamente a quienes cometan estos delitos.
Tras su aprobación inicial en plenaria, la reforma deberá ser ratificada en una nueva sesión para entrar en vigencia. Paralelamente, el Congreso deberá ajustar normas como el Código Penal y la Ley contra Actos de Terrorismo para armonizarlas con la nueva disposición.
Desde el oficialismo, se aseguró que la medida busca garantizar que quienes hayan cometido crímenes graves no vuelvan a las calles, en línea con la política de seguridad del Gobierno.
La reforma se da en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, bajo el cual han sido capturadas más de 91.000 personas señaladas de vínculos con pandillas, en medio de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
