Parece inevitable que la perversión se instale en ciertos comportamientos humanos y penetre hasta el tuétano de instituciones y sistemas que fueron creados para hacer el bien, pero que terminan convertidos en un mal para la sociedad.
Ese es precisamente el caso del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), donde se han destapado irregularidades que estremecen: cobros por personas fallecidas que nunca existieron, con la complicidad de clínicas, hospitales y comerciantes de la salud que han convertido la expedición del seguro en un negocio lucrativo en cada esquina.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a través de rigurosas auditorías, destapó un escandaloso fraude sistemático: clínicas fantasmas, facturación inflada, pacientes inexistentes y hasta inventos macabros como defunciones falsas para cobrar indemnizaciones.
En solo dos años, la ADRES ha logrado frenar pagos millonarios al detectar irregularidades y ha denunciado a 31 IPS ante la Fiscalía en departamentos como Atlántico, Córdoba, Magdalena y el Valle del Cauca. Solo en mayo de este año, en el Valle, las IPS reclamaron ante el Estado el 19,8 % de los pagos por accidentes con vehículos “fantasmas” o sin SOAT, sumando $17.000 millones. Una cifra que refleja un nivel de corrupción inaceptable y un problema cada vez más incontrolable en el uso de un instrumento diseñado para salvar vidas, pero que ha terminado enriqueciendo a unos pocos avivatos, verdaderas alimañas que parasitan la sociedad que los vio nacer.
Estamos frente a un sistema que se desangra. El dinero que debería garantizar atención rápida y oportuna a víctimas de accidentes reales se desvía hacia las manos de estafadores, generando un golpe directo a la salud pública y deteriorando la capacidad del sistema sanitario.
El Gobierno redujo el valor del SOAT para los motociclistas con el fin de incentivar su compra, pero la medida no ha tenido los resultados esperados. Y aun así, persisten conductores que se niegan a portar este documento, aumentando el riesgo para todos.
El Registro Único Nacional de Tránsito reporta que el 40 % de los vehículos en el país circulan sin SOAT, una cifra escalofriante que demuestra una irresponsabilidad generalizada. Esta evasión debe ser combatida con mano firme: auditorías más estrictas, sanciones ejemplares a las IPS fraudulentas y procesos judiciales contra los funcionarios que, por negligencia o complicidad, permitieron que estas anomalías prosperaran.
Es urgente cambiar la mentalidad perversa de quienes piensan que “el Estado paga” y que no hay nada que perder. Esa visión distorsiona el sentido de solidaridad y convierte un seguro creado para proteger vidas en un negocio ilícito para unos pocos.
No es posible avanzar en el mejoramiento de la salud pública, garantizar el respeto por la vida ni ofrecer atención eficiente a las víctimas de accidentes mientras esta práctica corrupta siga impune. El clamor ciudadano por una reforma profunda y estructural al sistema es legítimo y urgente: el SOAT debe recuperar su razón de ser, salvar vidas y no llenar bolsillos.
