El pasado 3 de agosto, se cumplió la socialización de los inicios de trabajos para la instalación de las torres y el tendido eléctrico de la red de interconexión en los sectores de Mateguadua y La Esmeralda, zonas rurales montañosas de Tuluá y San Pedro y que hace parte del proyecto conocido como Refuerzo Suroccidental a 500 kV, La Virginia-Alférez, una obra autorizada por el Gobierno Nacional.
La iniciativa, que se encuentra autorizada por la Agencia Nacional de licencias Ambientales, ANLA, desde sus inicios ha dividido opiniones, pues son muchos lo líderes rurales que consideran que vulnera derechos fundamentales del campesinado y amenaza los ecosistemas de la Cordillera Central por donde pretenden cruzar con las líneas eléctricas de alto voltaje, proyecto que está a cargo del Grupo de Energía de Bogotá.
En esta reunión, la comunidad de los dos municipios esperaba conocer los beneficios que por estos trabajos podrían realizar las empresas contratistas en favor de sus pobladores, pero se encontraron con hechos cumplidos, pues las obras ya están en marcha.
A juicio de los voceros campesinos, se trata de un proyecto que si bien es cierto tiene el aval del gobierno nacional, no ha sido consultado con la base, en este caso el campesinado de los municipios que serán afectados y tampoco han dicho toda la verdad respecto al impacto que tendrá para los ecosistemas, entre ellos el Parque Regional de Mateguadua y en especial del Jardín Botánico Juan María Céspedes.
La amenaza es real
Según el docente e investigador César López, el panorama es delicado, pues es obvio que con el movimiento de tierra y la movilidad de maquinaria pesada y vehículos, el entorno del Jardín se va a ver alterado de manera significativa.
«El inicio de las obras coincide exactamente con lo que es el período de verano y en esta etapa del año, por ser una zona demasiado seca, los animalitos terrestres como son las serpientes, armadillos, ardillas empiezan a atravesarse desde la parte del Jardín Botánico en busca de agua, por lo que le estamos pidiendo a la empresa que nos tenga en cuenta a toda esta área como zona de impacto ambiental, pues el hecho de llegar a atropellar alguno de estos animalitos va a incidir lógicamente sobre sobre un ecosistema y necesitamos precisamente esa protección de ellos», dijo el profesor López.
Añadió que una licencia como la expedida por la ANLA para una obra de tal magnitud, nunca fue socializada, como tampoco el estudio de impacto ambiental. «Nosotros abogamos por el Jardín Botánico, donde el área de la biología se afectará, pero también contamos con un sector dedicado a la arqueología que también se verá afectado una vez comiencen las perforaciones para instalar las torres y dar paso al tendido de las redes eléctricas» puntualizó.
«Aquí vemos a diario como gente de las veredas de la parte montañosa alta de San Pedro visitan el municipio de Tuluá, entonces el riesgo se va a aumentar y la pregunta es dónde está el plan de emergencia y contingencia y de eso no nos dicen nada» afirmó Javier Lozano, líder de La Esmeralda, municipio de San Pedro.
