La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010-2024 con la que busca proteger a la población residente y en tránsito de la zona rural (media y alta montaña y sectores suburbanos) de Buga, San Pedro, Ginebra, Guacarí, El Cerrito y Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.
De acuerdo con ese despacho, la población de los territorios mencionados corre un inminente riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad.
Razones de la alerta
Para esa agencia que propende por la defensa de los derechos humanos, la alerta se emite a raíz del recrudecimiento del conflicto armado y la violencia por las acciones de expansión, avance y disputa del naciente Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, disidente de las Farc, cuyo fin son los territorios de control de estructuras del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, especialmente del Frente Adán Izquierdo, apoyado por el Frente Dagoberto Ramos, de las también disidencias de las Farc.
“Los seis municipios, al estar ubicados en la cordillera Central, son un corredor de movilidad histórico para las estructuras armadas ilegales que pretenden comunicación entre los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Tolima, conectándose por el páramo de Las Hermosas”, explicó Camargo Assis.
El funcionario exhortó a los entes gubernamentales, así como a los cuerpos de seguridad de la nación, a proteger a los habitantes no solo de los seis municipios advertidos en la Alerta Temprana, sino del Valle del Cauca, pues de acuerdo con los seguimientos hechos por la entidad los conflictos internos entre frentes de las disidencias de las Farc han conllevado un incremento en las violaciones a los derechos humanos por la consumación de homicidios selectivos, masacres, amenazas, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales.
“También han sido registrados hechos relacionados con hurtos, extorsiones, uso, utilización y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), entre otras conductas e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), que afectan la vida social, económica y comunitaria de los habitantes de esos territorios vallecaucanos”, añadió.
Deben actuar
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo envió recomendaciones a las autoridades civiles, de policía y militares para evitar que se presenten homicidios selectivos individuales, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, restricciones al libre tránsito, enfrentamientos con interposición de la población civil, amenazas individuales y colectivas, ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados y el uso, utilización y reclutamiento de NNA.
“Las instituciones del Estado deben implementar medidas excepcionales y prioritarias para salvaguardar a las comunidades, y así evitar graves afectaciones contra su vida e integridad y bienes y medios de subsistencia”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
Frente a la situación Ana María Sanclemente, secretaria de Seguridad del Valle dijo que recuperar el control territorial para garantizar la seguridad del departamento y con acciones ratificar a los delincuentes que serán combatidos, es uno de los ejes del trabajo de la gobernadora Dilian Francisca Toro desde el día que se posesionó como mandataria de los vallecaucanos y eso incluye la zona rural en la alta y media montaña.
