Debe atender de manera más urgente, y debe hacerlo de forma articulada y multidimensional, no solo por el problema sanitario que esto puede suponer en el contexto actual, sino también por los estragos que causó la pandemia en la economía nacional y la presión extra que supone la llegada de estos migrantes.
De acuerdo con el reporte del Dane, el desempleo en Colombia durante agosto de 2020 fue de 16,8 por ciento.
Venezolanos pasan la frontera con Colombia de forma irregular por unas trochas.
Pero también esta semana se conocieron las cifras sobre la pobreza en el país, correspondientes a 2019.
El año pasado, el número de personas en esa condición aumentó en 661.899, según el Dane, para llegar a 17,4 millones. Y se estima que en el país están al menos 1,7 millones de venezolanos.
Dicen que Colombia debe aunar esfuerzos estatales con la acción de organizaciones sociales, con plataformas de atención humanitaria y con la cooperación internacional, para que se asuma de manera más proactiva el éxodo desde Venezuela. Algo que ya está en marcha en el interior del Gobierno, según confirmaron fuentes oficiales a EL TIEMPO.
Desde la reactivación de la economía colombiana, cada día decenas de personas atraviesan la porosa frontera con Venezuela, de 2.219 kilómetros, y de ahí se dispersan por el país, la mayoría a pie.
Vuelven en busca de fuentes de ingresos para ellos y sus familias, pero según Migración Colombia, ahora hay un agravante: cada persona que salió cuando se inició la pandemia está de vuelta con una o dos personas más.
La primera reacción del Gobierno ante esta situación fue anunciar que iba a blindar más la frontera.
Informes oficiales hablan de que alrededor de 900 hombres de la Fuerza Pública vigilan los pasos ilegales que comunican a Norte de Santander con Venezuela.
Lucas Gómez, gerente de Fronteras, señaló que el Gobierno “no va a permitir” más esta situación en donde la ilegalidad está a la orden del día.
Pero expertos coinciden en que controlar los pasos irregulares de la frontera con Venezuela es difícil, teniendo en cuenta la crisis humanitaria en el país vecino y los cientos de trochas y rutas clandestinas que existen.
Es imposible, en una vecindad tan articulada de desiertos, zonas conurbanadas, montañas y ríos compartidos, que se pueda impedir la llegada de venezolanos.
Además, el tema se ha vuelto negocio para nuevos grupos armados, que cobran por el paso y cometen toda clase de abusos con los migrantes.
“Es imposible, en una vecindad tan articulada de desiertos, zonas conurbanadas, montañas y ríos compartidos, que se pueda impedir la llegada de venezolanos”, señala Socorro Ramírez, miembro de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela.
Mientras que María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, anota que “Colombia nunca ha podido controlar la frontera, especialmente en términos de movilidad humana”.
Los analistas señalan que otro factor que dificulta el control migratorio es que no hay un diálogo binacional y esto no permite que haya acciones concertadas entre ambos países.
¿Qué hacer entonces ante este alto flujo migratorio? Para comenzar, los expertos señalan que abrir los puentes y los pasos formales es un factor crucial y se debe dar pronto, pues el cierre fortalece a los grupos armados ilegales.
“La mejor estrategia es abrir los pasos y puentes fronterizos formales para poder organizar el flujo. De lo contrario, en lugar de un flujo tranquilo y ordenado, se aumenta y agrava la vulnerabilidad de esas poblaciones”, señaló Ramírez.
Con esta postura concuerda Robayo: “Reabrir la frontera en un contexto de pandemia genera un gran riesgo de salud pública.
Sin embargo, como lo hemos visto, una frontera cerrada no va a ser efectiva por mucho tiempo, pues el flujo de migrantes se está moviendo por las trochas”.
El Gobierno ha enfatizado en que está coordinando y trabajando en los protocolos para volver a abrir la frontera.
De hecho, los siete puestos fronterizos regulares serán dotados de un sistema de identificación biométrica de última tecnología basado en la lectura del iris, las huellas decadactilares y la morfología del rostro del extranjero.
Sin embargo, tanto expertos como autoridades reconocen que el mayor desafío está en el manejo de lo social sanitario.
Para los analistas consultados se requieren planes y protocolos especializados para preparar a los municipios receptores ante una demanda mayor en términos de salud pública, trabajo, albergue y alimentación. Así como para el manejo del tema de bioseguridad.
“Para nosotros, esa es una de las grandes dificultades y mayores desafíos”, reconoce Gómez.
Las repatriaciones masivas parecen descartadas, por costosas, difíciles y porque nada garantiza que esas personas no vuelvan a intentar entrar al país.
En palabras de Gómez: “Hay que ver la migración como un derecho de las personas y no puede criminalizarse”, y por ello lo que están haciendo es reforzar la institucionalidad del Estado, recalca.
El mismo funcionario le reveló a EL TIEMPO que la idea del Gobierno es trabajar en una integración socioeconómica de los venezolanos en el país y en aumentar las ayudas internacionales para su atención.
Reconoció que esta crisis no la puede afrontar el Gobierno solo, sino que requiere el apoyo externo.
“Una de las tareas que me puso el presidente Duque es que debemos aumentar esa colaboración por parte de los países amigos, ser muy activos a nivel internacional para recibir más recursos”, dijo.
Destacó que “hay que hacer un esfuerzo más grande” pues si se comparan los dólares por migrante que se han entregado a Siria frente a los que se han entregado por migrantes venezolanos, “estamos entre cuatro y cinco veces por debajo”.
